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La representación dominante del conflicto catalán a escala internacional ha sido hasta hace unos días la de un conflicto de tipo nacionalista, ligado al pasado más funesto de la historia de la Europa del siglo XX. Los fantasmas de nuestras guerras han operado como una pantalla para no pensar lo que realmente estaba en juego. Los acontecimientos de estos últimos días empiezan a quebrar este marco interpretativo y urgen a revisar esta lectura precipitada que podría explicar la reticencia inquietante de buena parte de la opinión pública internacional a considerarlo algo más que un asunto doméstico. Lo que hoy aparece con toda claridad, más allá de los posicionamientos a favor o en contra de la independencia de Cataluña, es la tensión entre las inercias autoritarias de una determinada configuración del poder estatal y los intentos precarios, pero determinados, de construir estrategias políticas orientadas hacia el horizonte normativo de nuestras democracias.

En los últimos años se ha venido expresando una reiterada demanda por parte de una mayoría de la sociedad catalana de decidir democráticamente su estatuto político. Ante esta demanda, el Estado español, que en ningún caso entendemos como representante de las diferentes sensibilidades y aspiraciones políticas de la sociedad española en su conjunto, ha desatendido doblemente sus funciones políticas.

Por un lado, no ha accedido a acordar la propuesta de una celebración legal, pactada y con garantías de un referéndum de autodeterminación, negando así la realidad de este conflicto en Cataluña. Por otro lado, ante la convocatoria del referéndum del 1 de octubre por parte del Parlamento de Cataluña, el poder ejecutivo español, habida cuenta de la imposibilidad parlamentaria de declarar legalmente el estado de excepción recogido en la Constitución Española de 1978, ha desbordado su propio estado de derecho aplicando de facto los efectos de dicho estado de excepción, convirtiendo al Estado español en lo que algunos pensadores contemporáneos han llamado estado canalla o autoritario:

  • El derecho de reunión y manifestación ha sido limitado tanto en Cataluña como en España y organizaciones políticas han sido acusadas de sedición.
  • Funcionarios públicos y altos cargos electos han sido detenidos por el hecho de coordinar la logística del referéndum.
  • Más de 700 alcaldes sobre un total de 948 han sido citados a declarar judicialmente bajo pena de inhabilitación y sanción.
  • Medios de información públicos han sido inspeccionados policialmente y periodistas e intelectuales son amenazados por el Estado español por haber informado sobre el referéndum.
  • Partidos políticos parlamentarios como la CUP (Candidaturas de Unidad Popular) se encuentran bajo vigilancia policial.
  • Material para el voto (papeletas, propaganda electoral, etc.) ha sido requisado y empresas privadas han sido inspeccionadas sin orden judicial.
  • Se ha censurado el acceso público a webs relacionadas con el referéndum.
  • Se ha vulnerado la libertad de opinión política.

Este desbordamiento del estado de derecho por parte del poder estatal contradice los principios fundacionales del estado democrático de derecho europeo, consecuencia de dos procesos: primero, satisfacer las aspiraciones democráticas de las sociedades europeas modernas y, segundo, limitar constitucionalmente la arbitrariedad del poder constituido.

Por todo ello, consideramos el referéndum como un medio concreto para superar la lógica autoritaria que ha destruido tan a menudo la vida de las sociedades políticas modernas, así como para avanzar hacia una cultura política post-nacional en clave europea en la cual dichos conflictos puedan decidirse mediante protocolos no violentos.